Semanas atrás luego de una recorrida en Maldonado y compartiendo unos choris con compañeros del EnFA, parrilla mediante, la conversa derivó a un acalorado debate sobre cuál era la mejor forma de adobar el lechón. Había hinchas del adobo clásico, (ajo, perejil, pimentón, romero, sal, aceite y jugo de limón), y otros fanáticos de sabores más modernosos que le agregaban, vino blanco, jengibre, laurel y no sé cuántas otras especias más. El tocayo Andrés Lima, hizo una pausa en su degustación del choripán y con una sola frase terminó la discusión. “¿Saben cuál es el mejor condimento para la comida?” nos preguntó con cara de intriga. “El hambre” respondió él mismo frente a nuestro atónito silencio. “Con hambre la gente come lo que puede, no elige. Para esa gente trabajamos”.
Por eso, y dada la hambruna que hemos percibo en las recorridas por todo el país, es que el espacio Encuentro Federal Artiguista (EnFA), como actor político frenteamplista que se siente parte del movimiento popular y de los ciudadanos de a pie del Uruguay, no puede ni debe callar frente a esta crisis económico y la aceleración de la fragmentación social, que hoy padecen miles de vecinos. Por eso asumimos y cumplimos con la responsabilidad ética y moral de presentar propuestas para mitigar este duro impacto provocado en los sectores de la sociedad más vulnerables. Si es necesario, nuestro referente nacional el Intendente de Salto Dr. Andrés Lima, solicitará audiencia con el Presidente de la República para ser escuchados y sumar nuestra miga de pan.
La realidad indica que más allá de las visiones autocomplacientes, el Uruguay y el mundo sufren una crisis alimentaria que afecta más a los que menos tienen y que en caso de profundizarse impactarán en el desarrollo de un Uruguay sustentable, productivo, republicano, equitativo y solidario.
En su informe anual, Panorama Social de América Latina, la CEPAL estima que entre 2020 y 2021 las personas en situación de pobreza extrema en Latinoamérica se incrementaron en cerca de cinco millones. El organismo de las Naciones Unidas llamó a avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. “La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población”, declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis esté controlada.
Los indicadores de pobreza divulgados recientemente por el INE subrayan que Uruguay no es ajeno a la compleja realidad descrita por la CEPAL. La cantidad de personas bajo la línea de pobreza y la pobreza infantil no solo no bajó sino que se incrementó desde marzo de 2020 hasta la fecha. Según datos oficiales, durante el primer año de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou la pobreza pasó de 8,8% a 11,6% y en 2021 se ubicó en 10,2%.
En lo que refiere a personas en seguro de desempleo, en enero de 2020 había 45.927 trabajadores y en la última medición de abril 2022 apenas se redujo a 43.947 laburantes que permanecen en tal situación de precariedad. La nafta en Uruguay llega a 1,89 USD/litro, el valor más alto de Latinoamérica y 29º entre 156 países en el mundo (elaboración de SEG Ingeniería con datos de GlobalPetroPrice). En 2021 el poder de compra de salarios y jubilaciones cayó por segundo año consecutivo en valores de 1.56% y 1.8% respectivamente, perdiendo valor frente a la inflación, el “impuesto” más gravoso para las capas medias, media-baja y bajas, que consumen gran parte de sus ingresos en alimentos y servicios básicos. Finalizado el primer trimestre de 2022 la inflación acumulada alcanzó el 4.4% y anualizada el 9.38%, muy superior al rango meta establecido por el gobierno para este año, que la ubica entre el 3 y el 7%.
En este escenario, presentamos ya estas propuestas al Frente Amplio que se comprometió a continuar bregando por generar diálogos en todos los ámbitos de decisión, para sensibilizar a los integrantes del gobierno y poder alcanzar un gran acuerdo nacional por el trabajo y por el pan.
Es tiempo de privilegiar los acuerdos, deponer confrontaciones estériles, suspender perfilismos electorales y lograr entendimientos nacionales integrales, para actuar de inmediato y eficientemente frente a la actual crisis
PROPUESTAS
DECLARAR LA EMERGENCIA ALIMENTARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
CREACIÓN DE UN FONDO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA
APORTES PARA CREAR EL FONDO.
- Legislar para que empresas con balance de último ejercicio superavitario y rentabilidad mayor a 3 millones de dólares, aporten por única vez el 0.75% de la rentabilidad anual.
- Legislar para incrementar, por única vez, 0.75% del valor del Impuesto al Patrimonio de personas físicas con bienes declarados en Uruguay y el exterior con valor superior a los 3 millones de dólares.
- Aporte del 5% mensual a cargos electivos durante 6 meses, desde Presidente a parlamentarios, Alcaldes y Ediles que perciban remuneraciones nominales superiores a 7 salarios mínimos.
- Aporte del 5% mensual a cargos políticos y de particular confianza nacional y departamental, también durante 6 meses, a personal con ingresos nominales superiores a 7 salarios mínimos. A modo de ejemplo, sólo en Salto Grande en lo que va de gobierno se han creado más de 30 cargos de confianza que superan esa remuneración
- Incremento de carga impositiva de 5% a todos los juegos de azar, adicional que se volcaría íntegramente a este fondo.
- Aporte durante 6 meses del 5% mensual de lo percibido mensualmente para jubilaciones de privilegio que en forma simple o por acumulación de pasividades cobren nominalmente igual o más que una vez y media el monto máximo establecido para 2022 de $ 123.728
- Creación de cuenta para recibir aportes de empresas, organizaciones o ciudadanos a Fondo de emergencia Alimentaria (FEMA) con concesión de incentivos fiscales para quienes contribuyan.
- El Estado aportará el equivalente al 100% de lo recaudado por los ítems 1 a 6.
Para administrar el fondo, el Poder Ejecutivo designará una comisión administradora, que para garantizar transparencia de funcionamiento, realizará rendiciones de cuentas mensuales detallando y documentando conceptos de ingresos y egresos. Adicionalmente dicha comisión contará con el apoyo de un Grupo Asesor integrado por expertos referentes, representantes del Congreso de Intendentes, Mesa de Alcaldes, Partidos Políticos con representación parlamentaria, académicos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales.
UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA.
- Duplicar montos que hoy reciben 394.075 beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social en todas las categorías, y garantizar acceso a la misma al 100% de familias en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica, o sea al 7.5% de hogares del Uruguay que según última medición del INE están bajo la línea de pobreza.
- Aportar recursos, con la menor intermediación posible, para abastecer de suministros y elementos logísticos que permita ampliar capacidad de comedores y merenderos departamentales.
- Garantizar que los 125 Municipios distribuidos estratégicamente en el territorio nacional puedan contar, activar y sostener hasta fin del año 2022 al menos un comedor o un merendero popular, en función de las necesidades detectadas por las autoridades locales.
- Lograr que toda escuela pública donde sus comunidades tengan niños con déficit alimentario, reciba personal e insumos para brindar servicio de comedor o merendero durante todos los días que restan del año 2022.
- Con las mismas condiciones de ingreso al programa y actualización salarial, prolongar contrato de 15.000 beneficiarios actuales del Programa Jornales Solidarios hasta el 31 de diciembre de 2022, y crear 15.000 nuevos puestos más privilegiando a jóvenes de entre 18 y 29 años y mujeres jefas de hogar. Este programa ha sido muy eficiente en tanto casi el 33% de los participantes lograron luego acceder a empleos formales.
- Implementar en todo el territorio nacional funcionamiento de mercados móviles de productores familiares de alimentos con venta directa a vecinos y precios regulados acordados.